Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) Comunicado No más asesinatos de indígenas en Colombia!
Paris, Bogota, 16 de Octubre de 2008 - La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) condena la represión violenta de la manifestación llevada a cabo por las comunidades indígenas en varios departamentos de Colombia, y que hasta el día 16 de octubre dejó, entre los indígenas, un saldo de un muerto, más de 100 heridos - muchos de gravedad – y 8 familias desalojadas[1]. 19 policías habrían sido heridos también.
Desde el día 11 de octubre, aproximadamente 10.000 indígenas están movilizados en todo el país para celebrar la "Minga de Resistencia Social y Comunitaria" a fin de recordar el aniversario del desembarque español en el continente americano y pedir el respeto de sus derechos fundamentales empezando con su derecho a la vida[2] y el restablecimiento de sus derechos territoriales, en conformidad con los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[3].
Las comunidades indígenas se concentraron en la María, resguardo indígena declarado como territorio de paz y convivencia, por el Gobierno colombiano en el año 1999 (municipio de Piendamó, centro del departamento del Cauca) y a lo largo de la vía Panamericana. Desde el día 13, un contingente de al menos 1.000 hombres armados (incluyendo elementos de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – y el Ejército) están presentes en el Cauca, apoyados por tanquetas y helicópteros. El día 14 de octubre, el General Páez Varón lanzó un ultimatum a los manifestantes para que liberaran la vía, advirtiendo que, de lo contrario, la despejaría. Aseguró además que el movimiento estaría infiltrado por las FARC, lo cual fue posteriormente desmentido por los líderes indígenas. El día 15, en horas de la madrugada, los manifestantes fueron asaltados con fusiles, gases lacrimógenos y granadas de mano, provocando la muerte de 1 persona y decenas de heridos. Ya en los días anteriores varias personas habían sido heridas y cuatro detenidas arbitrariamente.
La FIDH condena este uso desproporcionado de la fuerza y expresa su profunda preocupación frente a las denuncias de la presencia de civiles armados protegidos por la policía que disparan a los manifestantes desde los montes, así como por los actos de barbaridad cometidos por elementos del ESMAD que hirieron gravemente a un comunero indígena con machete. Éstos habrían además dejado el indígena tirado en el suelo durante varias horas, impidiendo el ingreso de ambulancias para su atención. La FIDH denuncia también el atentado perpetrado por las fuerzas armadas contra el centro de atención a la salud y la destrucción de elementos de primeros auxilios que estaban siendo utilizados por los indígenas para atender a los heridos, así como el haber impedido el paso de una ambulancia y obstaculizado la labor del cuerpo médico y de los defensores. Se condena también la destrucción de varias casas de comuneros indígenas.
La FIDH recuerda que estos graves acontecimientos se presentan en un contexto general de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia: en el último mes 29 indígenas fueron asesinados[4], y en los últimos 6 años más de 1.240 indígenas han sido asesinados en Colombia[5] y al menos 53.885 desplazados[6]. En este contexto preocupan profundamente las afirmaciones de las más altas autoridades, incluyendo el Presidente, según las cuales terroristas estarían infiltrados entre los manifestantes[7]. Se denuncia al respecto que dos miembros de la inteligencia militar fueron encontrados con camuflados, radios de comunicaciones, un manual con indicaciones de armas y explosivos. Fueron retenidos al interior del resguardo de la Maria y entregados por parte de las comunidades indígenas a una comisión compuesta por Naciones Unidas y organismos de control del Estado. Estas acusaciones y manipulaciones abren la puerta a una represión más feroz aún.
La FIDH recuerda al respecto que días previos a la marcha fueron masacrados en el municipio de Riosucio (Caldas) los indígenas Embera Chami Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo Alarcon, y herida la mayor de 70 años Maria Angelica Alcarcon por parte de la estructura paramilitar autodenominada « Águilas Negras ». Igual situación ha ocurrido en el Departamento del Cauca donde en los últimos días han sido asesinados 11 indígenas paeces, entre ellos Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera, César Hurtado Tróchez, asi como el ex-consejero mayor del CRIC Raul Mendoza, hecho ocurrido el 28 de septiembre del 2008. Ya un mes antes de la movilización, los indígenas paeces recibieron amenazas de muerte por parte del mismo grupo paramilitar, así como el anuncio de un exterminio en marcha, hechos que coincidieron con la renuncia de Juan José Cháux Mosquera, ex- gobernador del Cauca, y que ocupaba el cargo de embajador en República Dominicana por nexos presuntos con el paramilitarismo colombiano[8].
La FIDH urge al Presidente Uribe a que acceda al pedido de diálogo formulado ya desde el día 9 de octubre por los indígenas que exigen que se garanticen sus derechos fundamentales, empezando con el derecho a la vida, se les respete su derecho al territorio y que llame al cese inmediato de las operaciones armadas contra las movilizaciones sociales que realizan indígenas y campesinos. La FIDH pide también que los hechos sean objeto de una investigación pronta e imparcial y que se sancione a los autores de estos crímenes. Se hace también un llamado a la Defensoría del Pueblo, Procuraduria General de la Nación a que se haga presente en la zona afectada.
La FIDH llama la comunidad internacional a que mandate urgentemente una misión internacional de investigación sobre estos graves acontecimientos. Esto resulta transcendental ya que los medios de comunicación no han podido llegar al lugar de los hechos.
[1] Se reparten como sigue: Departamento del Cauca, un indígena asesinado, 89 heridos de gravedad, 7 de ellos con arma de fuego, 17 con artefactos recalzados, y 21 con machete, 8 familias desalojadas e intento de violación de una menor de edad. Departamento del Valle 26 indigenas heridos. Departamento del Risaralda 14 indígenas heridos, producidos por parte del la Fuerza Publica colombiana (fuentes: Autoridad Nacional de Gobierno Indígena – ONIC y Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos – SINDH; Asociación de Cabildos Indígenas en el Norte del Cauca (ACIN), Saldo de la Barbabarie cometida en la María Piendamó, 16 de octubre 2008 http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8918)
[2] Igualmente han solicitado que se implementen medidas especiales con carácter urgente y concertadas con las autoridades indígenas frente a la grave crisis humanitaria que atraviesan, en especial los que se encuentran en vía de extinción, así como medidas para la superación de la impunidad ante las graves violaciones a los derechos humanos.
[3] Varios acuerdos fueron celebrados entre las comunidades indígenas y el Gobierno Colombiano, entre ellos la repartición colectiva de tierras que se comprometió el Estado de Colombia a entregar a las comunidades indígenas del Cauca, en el marco del proceso de solución amistosa celebrado en instancias de la CIDH, por la masacre del 16 de diciembre de 1991, donde fueron asesinados 20 indígenas paeces en el municipio de Caloto (Cauca), y cuya resposonsabilidad fue atribuida a miembros de la Policía Nacional y estructuras paramilitares.
[4]ONIC – SINDH
[5] Entre el 1 de enero del 2002 y el 15 de octubre del 2008 (ONIC, Las cifras del genocidio contra los pueblos Indígenas de Colombia. Octubre 2008).
[6] Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
[7] Ver acta de la intervención del Presidente Uribe en rueda de prensa de este miércoles « Diálogo, sí; violencia y bloqueos, de ninguna manera: Presidente Álvaro Uribe », 15 de octubre 2008, http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/octubre/15/09152008.html
[8]Al respecto ver Radio Caracol, Fiscalía investigará a Juan José Chaux, 16 de septiembre de 2008
Desde el día 11 de octubre, aproximadamente 10.000 indígenas están movilizados en todo el país para celebrar la "Minga de Resistencia Social y Comunitaria" a fin de recordar el aniversario del desembarque español en el continente americano y pedir el respeto de sus derechos fundamentales empezando con su derecho a la vida[2] y el restablecimiento de sus derechos territoriales, en conformidad con los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[3].
Las comunidades indígenas se concentraron en la María, resguardo indígena declarado como territorio de paz y convivencia, por el Gobierno colombiano en el año 1999 (municipio de Piendamó, centro del departamento del Cauca) y a lo largo de la vía Panamericana. Desde el día 13, un contingente de al menos 1.000 hombres armados (incluyendo elementos de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – y el Ejército) están presentes en el Cauca, apoyados por tanquetas y helicópteros. El día 14 de octubre, el General Páez Varón lanzó un ultimatum a los manifestantes para que liberaran la vía, advirtiendo que, de lo contrario, la despejaría. Aseguró además que el movimiento estaría infiltrado por las FARC, lo cual fue posteriormente desmentido por los líderes indígenas. El día 15, en horas de la madrugada, los manifestantes fueron asaltados con fusiles, gases lacrimógenos y granadas de mano, provocando la muerte de 1 persona y decenas de heridos. Ya en los días anteriores varias personas habían sido heridas y cuatro detenidas arbitrariamente.
La FIDH condena este uso desproporcionado de la fuerza y expresa su profunda preocupación frente a las denuncias de la presencia de civiles armados protegidos por la policía que disparan a los manifestantes desde los montes, así como por los actos de barbaridad cometidos por elementos del ESMAD que hirieron gravemente a un comunero indígena con machete. Éstos habrían además dejado el indígena tirado en el suelo durante varias horas, impidiendo el ingreso de ambulancias para su atención. La FIDH denuncia también el atentado perpetrado por las fuerzas armadas contra el centro de atención a la salud y la destrucción de elementos de primeros auxilios que estaban siendo utilizados por los indígenas para atender a los heridos, así como el haber impedido el paso de una ambulancia y obstaculizado la labor del cuerpo médico y de los defensores. Se condena también la destrucción de varias casas de comuneros indígenas.
La FIDH recuerda que estos graves acontecimientos se presentan en un contexto general de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia: en el último mes 29 indígenas fueron asesinados[4], y en los últimos 6 años más de 1.240 indígenas han sido asesinados en Colombia[5] y al menos 53.885 desplazados[6]. En este contexto preocupan profundamente las afirmaciones de las más altas autoridades, incluyendo el Presidente, según las cuales terroristas estarían infiltrados entre los manifestantes[7]. Se denuncia al respecto que dos miembros de la inteligencia militar fueron encontrados con camuflados, radios de comunicaciones, un manual con indicaciones de armas y explosivos. Fueron retenidos al interior del resguardo de la Maria y entregados por parte de las comunidades indígenas a una comisión compuesta por Naciones Unidas y organismos de control del Estado. Estas acusaciones y manipulaciones abren la puerta a una represión más feroz aún.
La FIDH recuerda al respecto que días previos a la marcha fueron masacrados en el municipio de Riosucio (Caldas) los indígenas Embera Chami Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo Alarcon, y herida la mayor de 70 años Maria Angelica Alcarcon por parte de la estructura paramilitar autodenominada « Águilas Negras ». Igual situación ha ocurrido en el Departamento del Cauca donde en los últimos días han sido asesinados 11 indígenas paeces, entre ellos Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera, César Hurtado Tróchez, asi como el ex-consejero mayor del CRIC Raul Mendoza, hecho ocurrido el 28 de septiembre del 2008. Ya un mes antes de la movilización, los indígenas paeces recibieron amenazas de muerte por parte del mismo grupo paramilitar, así como el anuncio de un exterminio en marcha, hechos que coincidieron con la renuncia de Juan José Cháux Mosquera, ex- gobernador del Cauca, y que ocupaba el cargo de embajador en República Dominicana por nexos presuntos con el paramilitarismo colombiano[8].
La FIDH urge al Presidente Uribe a que acceda al pedido de diálogo formulado ya desde el día 9 de octubre por los indígenas que exigen que se garanticen sus derechos fundamentales, empezando con el derecho a la vida, se les respete su derecho al territorio y que llame al cese inmediato de las operaciones armadas contra las movilizaciones sociales que realizan indígenas y campesinos. La FIDH pide también que los hechos sean objeto de una investigación pronta e imparcial y que se sancione a los autores de estos crímenes. Se hace también un llamado a la Defensoría del Pueblo, Procuraduria General de la Nación a que se haga presente en la zona afectada.
La FIDH llama la comunidad internacional a que mandate urgentemente una misión internacional de investigación sobre estos graves acontecimientos. Esto resulta transcendental ya que los medios de comunicación no han podido llegar al lugar de los hechos.
[1] Se reparten como sigue: Departamento del Cauca, un indígena asesinado, 89 heridos de gravedad, 7 de ellos con arma de fuego, 17 con artefactos recalzados, y 21 con machete, 8 familias desalojadas e intento de violación de una menor de edad. Departamento del Valle 26 indigenas heridos. Departamento del Risaralda 14 indígenas heridos, producidos por parte del la Fuerza Publica colombiana (fuentes: Autoridad Nacional de Gobierno Indígena – ONIC y Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos – SINDH; Asociación de Cabildos Indígenas en el Norte del Cauca (ACIN), Saldo de la Barbabarie cometida en la María Piendamó, 16 de octubre 2008 http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8918)
[2] Igualmente han solicitado que se implementen medidas especiales con carácter urgente y concertadas con las autoridades indígenas frente a la grave crisis humanitaria que atraviesan, en especial los que se encuentran en vía de extinción, así como medidas para la superación de la impunidad ante las graves violaciones a los derechos humanos.
[3] Varios acuerdos fueron celebrados entre las comunidades indígenas y el Gobierno Colombiano, entre ellos la repartición colectiva de tierras que se comprometió el Estado de Colombia a entregar a las comunidades indígenas del Cauca, en el marco del proceso de solución amistosa celebrado en instancias de la CIDH, por la masacre del 16 de diciembre de 1991, donde fueron asesinados 20 indígenas paeces en el municipio de Caloto (Cauca), y cuya resposonsabilidad fue atribuida a miembros de la Policía Nacional y estructuras paramilitares.
[4]ONIC – SINDH
[5] Entre el 1 de enero del 2002 y el 15 de octubre del 2008 (ONIC, Las cifras del genocidio contra los pueblos Indígenas de Colombia. Octubre 2008).
[6] Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
[7] Ver acta de la intervención del Presidente Uribe en rueda de prensa de este miércoles « Diálogo, sí; violencia y bloqueos, de ninguna manera: Presidente Álvaro Uribe », 15 de octubre 2008, http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/octubre/15/09152008.html
[8]Al respecto ver Radio Caracol, Fiscalía investigará a Juan José Chaux, 16 de septiembre de 2008
